Los mínimos formales de las encuestas
César A. Caballero R. / Decano de Estudios Sociales y Empresariales U. Autónoma de ManizalesEn Colombia, como en la mayor parte de las democracias, las encuestas de opinión política e intención electoral, son un instrumento cada vez más importante para la formación de decisiones colectivas sobre el presente y futuro político. Por eso mismo es importante asegurar unos mínimos de calidad y transparencia que otorguen tranquilidad a la ciudadanía y a los actores.
Nuestro país ha venido construyendo un marco institucional para regular la publicación de este tipo de encuestas. En él se solicita que la firma que quiera realizarlas y publicarlas debe cumplir con unos mínimos formales: registrarse ante el Consejo Nacional Electoral, publicar sus fichas técnicas y una vez que los resultados, parciales o totales, han sido difundidos, enviarlos al Consejo en su totalidad.
A partir del cumplimiento de este mínimo formal, se ha venido construyendo una fuente de información pública, hoy disponible en la página Web del Consejo Nacional Electoral (www.cne.gov.co). Según el registro de encuestadores desde 1998 hasta finales del año anterior se habían inscrito 83 firmas. A la fecha 30 tienen su registro vigente y de éstas, 5 han realizado el 86 por ciento de los estudios hoy registrados (251 en total).
Las firmas colombianas son de una excelente calidad y han venido cumpliendo con su trabajo de medir la opinión de los ciudadanos en un momento dado. En muchos casos, de forma equivocada, se asume que permiten predecir con exactitud el comportamiento electoral de la ciudadanía. Las encuestas miden una opinión en un momento dado, pero los actores políticos y los sucesos nacionales pueden hacer variar esa opinión. De hecho ese es uno de los objetivos de una campaña política.
De la información que, repito, es pública, surge un dato que no deja de ser llamativo, o por lo menos curioso: Las firmas deben reportar, entre otras cosas, cuál es la fuente de financiamiento de cada una de las encuestas.
Los medios de comunicación han financiado el 73 por ciento, lo cual me parece una muy buena tendencia pues garantizan que sin importar los resultados, éstos, van a ser publicados. En otros casos las contratan particulares o actores interesados y allí si los resultados no son totalmente favorables, el contratante puede decidir no publicarla. Curiosamente, el registro oficial de las encuestas políticas muestra que los partidos solo han financiado 2 encuestas (el 0,7 por ciento del total) y el Estado, no ha financiado ninguna.
No se qué entidades públicas hayan contratado encuestas sobre imagen de personas, instituciones o la opinión de la ciudadanía sobre temas políticos, lo cual no está regulado y me parece totalmente valido. La regulación se refiere, repito, sólo a las que son publicadas y en ese caso si es muy grave, que si alguna vez, por cualquier circunstancia, una encuesta de opinión política o electoral financiada con recursos públicos, ha sido publicada, no se haya cumplido con el mínimo formal de reportarla en su totalidad ante el Consejo Nacional Electoral.
No me consta que este sea el caso, pero sí creo que los gobiernos, particularmente si están en campaña deben ser celosos en el cumplimiento de los mínimos formales de ley en materia electoral.
