Es esta una verdad que me encontre en virtud del cumplimiento de un servicio turistico hacia el amazonas, con usuarios del pais hermano del Brasil.
Sus historias son dramáticas y su cantidad aumenta, pero para el Estado su condición es invisible y su número desconocido.
Sentada en el piso de su casa, con las piernas arrodillas balbucea unas palabras para saludar y extiende una de sus manos, porque la otra la tiene paralizada, sujeta con fuerza los dedos de quienes la saludan tratando de comunicarse y llena el espacio con su sonrisa y una corta carcajada. Su madre se inclina y le conciente la cabeza mientras que dice “ella se quedó en los tres años”Nayibe tiene 30 años, pero desde los 3 sufre de parálisis cerebral y le diagnosticaron epilepsia. Vive en Yopal desde 2001, cuando se desplazó con su familia desde el municipio de Trinidad en el departamento de Casanare. Tres años antes, presuntos paramilitares asesinaron a su padre. Su madre es Cecilia, su ángel de la guarda desde niña.
Cecilia es una mujer de más de cincuenta años, viuda por la violencia, como tantas mujeres en este país, su esposo era agricultor y fue asesinado también por presuntos paramilitares al mando de Martín Llanos, aunque eso no lo sabe con certeza porque nadie respondió por su muerte. Ella es cabeza de hogar, comparte su pequeña casa, la cual sólo tiene una habitación dividida por una cortina, y una sala, con una hija que tiene dos niños pequeños, su otra hija de diez años y la pequeña Nayibe.
Del Estado recibió la vivienda, pero mensualmente debe pagar luz y agua. Su hija de 10 años está vinculada al Programa de Familias en Acción, por la cual recibe mensualmente una pequeña colaboración que no alcanza para tantas necesidades, como ella misma lo afirma. Aunque el Sisben cubre a Nayibe en salud y medicamentos que diariamente debe tomar para la epilepsia, no recibe ningún tipo de atención especial, ni por su discapacidad, ni menos por estar en situación de desplazamiento forzado. Cada terapia física de Nayibe cuesta 1.000 pesos, más el taxi que hay que pagar para llevarla al centro médico y traerla de regreso a la casa, dinero que su madre no tiene. “Yo no tengo ni para la comida de la niña, tengo que ponerle pañales porque ella es como una bebé, y me veo a gatas porque no recibo ayuda de nadie”.
En semanas anteriores la Damas Grises de la Cruz Roja de Yopal la visitaron, gracias a que uno de sus vecinos, también discapacitado les pidió que lo hicieran. Le dieron un pequeño mercado y escucharon su historia, pero no pudieron hacer más.
Cecilia afirma que Acción Social nunca la ha visitado, ni tampoco la Defensoría del Pueblo, ni menos la Personería y que su caso es conocido por las autoridades, sin embargo la institucionalidad brilla por su ausencia. Hoy, como todos los días de muchas mujeres cabeza de hogar, Cecilia sale a la calle y se pone a pedir limosna para por lo menos asegurar el diario en su hogar. Como la historia de Cecila y su hija Nayibe en Casanare, existen miles de desplazados con discapacidades en todo el paísque no cuentan con protección Estatal porque para las entidades encargadas de su atención la discapacidad de que padecen ni siquiera existen.
Antes de sufrir el accidente que lo dejó en una silla de ruedas, José se dedicaba a la construcción, oficio que aprendió cuando joven y que combinaba con la agricultura. Hace siete años llegó a Yopal desplazado por la violencia que se empezó a recrudecer en zona de Morron, Casanare.Hace más de dos años José se cayó de un andamio y quedó inválido, pero su vida también se complicó cuando su esposa empezó a perder de manera progresiva la visión. Hoy viven en un barrio de desplazados en la capital de Casanare , él invalido y su esposa ciega, tienen una hija y un hijo, ambos menores de 14 años.
Aunque son dueños del terreno, su casa está construida con palos, y plástico, el piso en tierra y no hay alcantarillado.En el 2004 José aplicó a concurso para recibir subsidio de mejoramiento en vivienda propia, anexó los documentos que lo acreditan como desplazado y la constancia de su discapacidad y la de su esposa, y aunque salió favorecido, las exigencias para tener acceso al subsidio, como ser poseedor de una cuenta bancaria y un fiador le impidieron poder acceder al dinero.
El año pasado volvió aplicar para los subsidios de vivienda pero sin explicación alguna su solicitud fue rechazada.Aunque los hijos de José tienen educación y son beneficiarios de Familias en Acción, la familia como tal no recibe ningún tipo de ayuda. Él como la familia de Nayibe sobrevive de la solidaridad que han encontrado particularmente entre los desplazados más que en la misma sociedad o las entidades encargadas de la atención a la población desplazada “Nosotros tratamos de ayudarnos entre uno y otro, si a mí me dan algo, yo trato de medio repartirlo con una vecina que tiene una niña especial y así, esto es muy duro, porque cuando llegan los recibos del agua y de la luz toca dejar de comer para pagarlos”.
Una vez más, las Damas Grises fueron las que le llevaron un mercado y prometieron mitigar su dolor con otras visitas. Para la Cruz Roja Colombiana en Yopal, la situación es muy compleja, ya que la entidad no tiene los recursos suficientes para atender la gran población de desplazados que hay en la capital de Casanare, y por otro lado, no existen compromisos serios de parte de las mismas instituciones del Estado para dar respuesta real a la problemática del desplazamiento en el Departamento.
Después de casi cinco meses de solicitar a Acción Social la prorroga alimentaría, José recibió la primera visita por parte del operador contratado por esa agencia, sin embargo le dijeron que a los quince días recibiría la segunda visita y entraba a evaluación su caso. Hoy todavía no ha recibido la segunda visita. A pesar de su evidente condición de inválido, ella ciega y sus hijos menores de edad Acción Social solicita más pruebas para confirmar que la supervivencia de este núcleo familiar está en inminente riesgo.
Para Marco, líder de la población desplazada en Yopal, no existen programas estructurados y coordinados con las instituciones del gobierno departamental para brindar una atención diferencial a la población desplazada discapacitada “el trato sigue siendo igual, es decir, es mínimo, seguimos en la misma desidia, no hay una atención especial para los desplazados discapacitados, la respuesta es siempre: espérese, aguántese, no hay recursos”.Por otro lado, un funcionario de Acción Social afirma que en Casanare el mismo ministerio público quiere desconocer que hay desplazamiento forzado “Esto trae consigo que no exista compromiso por parte del ente público y que no se hagan programas coordinados para atender bien a la población”.
Acción Social manifiesta que no recibe ni la atención ni el apoyo necesario por parte de la Alcaldía Municipal, situación que se ha venido presentando desde la administración anterior, tanto las comunidades desplazadas como algunos funcionarios en reserva manifestaron la corrupción en el manejo de los recursos de la Alcaldía destinados atender a la población desplazada.Hace pocos meses Acción Social nombró como Operador a Unión Temporal Colombia Sensible, organización que se encarga entre otras de hacer las visitas domiciliarías para la prórroga alimentaria, sin embargo por el volumen de solicitudes y la situación precaria de la población desplazada la atención suele ser tardía.
Tragedia nacional
Según el gobierno nacional, en Colombia hay aproximadamente 15.400 desplazados discapacitados, contrario a lo que afirma el Departamento Nacional de Estadística, DANE, que tiene una cifra no menor de 24.252, de los 2 millones de desplazados que tiene el país según registras de Acción Social.
Como las del Casanare, decenas de historias desgarradoras de desplazados discapacitados en todo el país se escucharon dentro del marco de la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional hace dos semanas y donde desplazados discapacitados de diferentes regiones del país manifestaron su situación de abandono y en muchas circunstancias de discriminación por su condición. Desplazados y organizaciones que trabajan sobre esta problemática quedaron a la espera de que la Corte expida resoluciones en las que obligué al Gobierno a atender de manera prioritaria y diferencial a población desplazada con discapacidad, responsabilidad que deberán asumir las entidades a nivel nacional sin excepción.
